Por: Oscar Espinosa Chepe
LA HABANA, Cuba, febrero, www.cubanet.org -El General Raúl Castro finalizará su primer período de 5 años como presidente de Cuba el 24 de febrero. A ese tiempo hay que sumar 17 meses de interinato, a partir del 31 de julio de 2006. En los casi siete años de conducción raulista, las estructuras de poder se han mantenido incólumes, con sus características totalitarias, la violación de los derechos humanos básicos del pueblo cubano, y métodos de represión sin aplicar largas condenas a prisión.
Sin embargo, la etapa no se ha caracterizado por un continuismo total. En primer lugar, aunque permanecen las carencias y dificultades para la vida cotidiana, la población vive con menos sobresalto, y a pesar de que no ha cambiado la naturaleza del sistema, se aprecian ciertas dosis de pragmatismo
y racionalidad en la conducción del país. Ha concluido la “Batalla de Ideas” con sus asiduas marchas, contramarchas y prolongados mítines políticos, y la deficiente televisión cumple los horarios programados, anteriormente interrumpidos por las largas horas de intervenciones de los dirigentes,
repitiendo argumentos desfasados. Al mismo tiempo han sido eliminadas medidas absurdas, como la prohibición de la compra- venta de viviendas y autos; se comercializan computadoras (aunque sigue bloqueado el acceso a Internet), es permitido el hospedaje de los nacionales en hoteles para turistas extranjeros, así como el uso de la telefonía móvil. Pero todo mediante el pago en divisas, que la mayoría de los cubanos no poseen.
En adición se han adoptado medidas de mayor calado, entre ellas la entrega en usufructo de 1,5 millón de hectáreas de tierras ociosas hasta octubre de 2012, y la concesión de licencias a alrededor de 400 000 cubanos para realizar trabajos por cuenta propia en unos 180 oficios. Además, una nueva Ley Migratoria entró en vigor el 14 de enero pasado, que si bien con restricciones, amplía las posibilidades de viajes al exterior y simplifica los trámites. Otras medidas de menor significación, pero demostrativos de racionalidad, son la posibilidad de los campesinos a vender directamente a los hoteles (sin apreciables resultados hasta el momento), y cierta flexibilización en la entrega de créditos bancarios a la población y productores.
Asimismo se realiza el reordenamiento de la enseñanza con la eliminación de la costosa y deformante Escuela en el Campo, el término de los llamados maestros “emergentes” e “integrales”, la aplicación de exámenes de ingreso a las universidades y la puesta en marcha de una política de rescate de la formación de técnicos medios y obreros calificados; medidas positivas pero que dado el estado calamitoso en que se halla la educación y la falta de recursos materiales y humanos que tiene el sector, hacen casi imposible su recuperación.
Sin embargo, todos los pasos dados han estado dirigidos a no modificar el sistema totalitario, sino a “actualizarlo”, como han definido las autoridades. En ello ha jugado un papel importante la experiencia acumulada por los militares en sus empresas durante años. Si bien lo métodos utilizados en ellas pudieron rendir resultados positivos en ese estrecho marco, a nivel de la sociedad han demostrado resultar impracticables.
Tanto la entrega de tierras ociosas en usufructo como el trabajo por cuenta propia se han diseñado con limitaciones y prohibiciones para evitar beneficios individuales notables, lo cual no les permiten progresar para contribuir de manera relevante en el avance de la economía nacional.
En el caso del trabajo por cuenta propia, limitado a un número de oficios, no existe un mercado mayorista y se ha implantado un sistema tributario destinado a evitar el crecimiento de los negocios, con muy altos impuestos progresivos sobre las ganancias y la contratación de fuerza de trabajo a partir de 5 personas, aunque, por supuesto, no pocos cuentapropistas aplican el conocido principio vigente desde la etapa colonial: “las leyes se acatan, pero no se cumplen”. En cuanto a las tierras ociosas entregadas en usufructo, se han recibido llenas de malezas, especialmente marabú, y no se ha garantizado la adquisición de insumos. Además, se mantiene las obligaciones
de entregar al Estado (empresas de acopio) la mayoría de las cosechas, y en algunos productos el ciento por ciento, a precios dictados centralmente, que en modo alguno estimulan la producción. En muchos casos, esto obliga a los campesinos a incumplir los contratos y desviar partes considerables de sus producciones al mercado libre (negro) para obtener mejores precios, que ayuden a comprar los insumos en ese mercado subterráneo. Al parecer, el gobierno está adoptando medidas administrativas para impedir esos desvíos, y según el Decreto-Ley 300 sobre la entregas adicionales de tierras ociosas en usufructo hasta 5 caballerías (67,1 hectáreas), las personas que las reciban están obligadas a asociarse con las ineficientes Granjas Estatales, Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC) y las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA). Todo con el objetivo de aumentar los controles sobre los usufructuarios y obligarlos a entregar sus cosechas al Estado. Incluso es posible que esta política se aplique a aquellos campesinos que anteriormente habían recibido tierras en usufructo en menores cantidades, de acuerdo con el Decreto-Ley 259 aprobado en 2008.
En este escenario se puede comprender que las limitadas medidas destinadas a actualizar el sistema han sido insuficientes, y no solo han sido incapaces de sacar el país de la crisis iniciada con la pérdida de las subvenciones soviéticas en 1989, sino que no han resuelto ninguno de los graves problemas que atenazan la economía y la sociedad cubanas, como la dualidad monetaria, la reducción de la dependencia del extranjero en materia alimentaria, el proceso de descapitalización material y humana, la ineficiencia e improductividad imperantes, el envejecimiento y caída en términos absolutos de la población, el declive de los valores morales y éticos, y la conversión de Cuba en un estado parásito. Incluso se encuentra semiparalizada la reestructuración de la fuerza laboral en el sector estatal –reconocida como una tarea vital por el gobierno, debido al sobrante de 1,3 millón de trabajadores-, lo cual impide la reorganización de las entidades laborales y por consecuencia el crecimiento de la eficiencia y la productividad, así como evita el aumento del salario real, que actualmente no sobrepasa el 30,0% del nivel existente en 1989, según cálculos de economistas oficiales. Un cúmulo de graves problemas acumulados y sin resolverse que pueden poner en peligro, de mantenerse esta situación, la propia existencia de Cuba como nación.
Lamentablemente, al parecer en el gobierno no existe comprensión de este delicado escenario. Probablemente haya mucho miedo a conceder libertad económica a los ciudadanos, y que ello siente las bases para demandas de libertad y derechos políticos y sociales. En la práctica se ha reforzado
el modelo económico basado en la propiedad estatal, manteniéndose el sistema de planificación al estilo soviético, con determinados ajustes que permitan a las entidades estatales ciertas acciones después de haber cumplido estrictamente el plan asignado, tales como la creación de fondos de estímulos, producciones no previstas en el objeto social establecido y otras, copiadas de los fracasados intentos de reforma en la URSS, con lo cual la camisa de fuerza permanecerá con sus cargas burocráticas. Paralelamente el modelo contempla permitir un sector “no estatal” absolutamente controlado con medidas administrativas, fiscales, crediticias y otras, para que los negocios sean de sobrevivencia, tipo bonsái, para evitar que pueda alcanzar un papel importante en la economía nacional. A esto se añadirán cooperativas no agrícolas, al estilo a las existentes durante decenios en la agricultura, para incrementar el control sobre los trabajadores por cuenta propia.
Este sistema no ha funcionado y jamás funcionará. Solamente logrará reforzar la insatisfacción de la población que cada día siente más agredido su nivel de vida, al mismo tiempo que se incrementan las diferencias sociales. Los ciudadanos constatan el fracaso de un sistema que lo prometió todo, pero sólo brinda miseria. Los cubanos simples, intelectuales, artistas, profesionales prestigiosos, disidentes y otros factores de la sociedad civil, con claridad demandan cambios, no modificaciones superficiales a un sistema fracasado que, como ha señalado el presidente Raúl Castro, ha llevado Cuba al borde del precipicio. Las promesas de cambios estructurales y de concepto continúan sin cumplirse.
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