Por Oscar Espinosa Chepe
LA HABANA, Cuba, www.cubanet.org –
A casi dos años del anuncio del comienzo de un
reordenamiento laboral, y del pronunciamiento a su favor de la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC), donde se comunicó que un millón trecientas mil de
personas, alrededor del 25% de los ocupados, serían reubicados fundamentalmente
en el sector no estatal, poco se conoce sobre cómo marcha este proceso para
reducir las plantillas infladas en los centros estatales y poder
reorganizarlos. Una condición indispensable para elevar la menguada
productividad del trabajo y el depreciado salario real.
Según las previsiones iniciales, desde
septiembre de 2010 hasta abril de 2011 debieron reubicarse 500 000 trabajadores
del sector estatal, lo cual no se cumplió, sin que hasta el momento se conozca
oficialmente cuantos en realidad fueron desplazados en 2011 y en cuales ramas
de la economía; cifras extraoficiales estiman en 140 000 el número de los desplazados.
Para 2012 se supone que el desempleo afecte a 170 000, pero sigue sin saberse
en que sectores. Las razones de la ralentización del reordenamiento están en
que el desenvolvimiento del trabajo por cuenta propia y la entrega de tierras
en usufructo no han marchado de la forma requerida para crear puestos de
trabajo para los desplazados del sector estatal.
Las causas fundamentales son los elevados
impuestos aplicados a la contratación de fuerza de trabajo por los
cuentapropistas en la medida en que se incremente la cantidad de trabajadores,
la poca diversidad e importancia de los negocios permitidos, no existir un
mercado mayorista y la incertidumbre ante las veleidades de un gobierno que
prosigue proclamándose marxista-leninista con las consiguientes implicaciones
ideológicas sobre la propiedad privada que de ello se deriva. Igual ocurre con
la entrega de tierras en usufructo a plazos de 10 años de tenencia, renovable a
otros 10, con carencia de recursos mínimos para trabajar, limitaciones para
comercializar las producciones en el mercado, y una carga de reglamentaciones
burocráticas que en conjunto no dan seguridad a los agricultores sobre el
futuro.
A la falta de transparencia también se unen
las características del proceso para realizar los despidos en los centros de
trabajo, que hasta preocupa a comentaristas económicos de la televisión, como
Ariel Terrero, según han manifestado en sus programas. La racionalización se
realiza por “comisiones de expertos”, compuestas por 5-7 personas, de las cuales
3-5 son elegidas “democráticamente” en asambleas de los centros de trabajo, con
el evidente propósito de responsabilizar a los trabajadores con el complicado
proceso de racionalizar la fuerza de trabajo, cuando se trata de una tarea
compleja y requiere conocimientos técnicos. La comisión siempre está integrada
por un delegado representante de la administración y otro del amaestrado
sindicado, para hacer una selección supuestamente sobre la base de la
“idoneidad demostrada”, para ser presentada a la dirección de la empresa o
unidad presupuestada, donde será tomada la decisión definitiva. A nadie escapa
lo que eso significa en Cuba, y el peligro latente de que el clientelismo
político tenga un papel muy importante en la selección de las personas a
reubicar.
Reconocidos expertos, que desempeñaron cargos
oficiales importantes durante muchos años, han expresado preocupaciones sobre
este esquema masivo de despido, cuando no se basa en un estudio técnico de
organización del trabajo. Es el caso del Dr. Lázaro González Rodríguez,
exviceministro del Trabajo, quien en octubre 2010 publicó en un blog lo
siguiente: “El 90% de las normas de trabajo (en Cuba) son elementales. Las
empresas y demás entidades, en su inmensa mayoría, no han realizado durante los
últimos años estudios de organización del trabajo y, por tanto, cualquier
balance de cargas y capacidades es erróneo…Durante los últimos 20 años no se
han preparado técnicos en organización del trabajo ni se le ha prestado
atención a esta disciplina”.
Indudablemente motivos no le faltan al
analista Ariel Terrero para dudar sobre la transparencia con que se está
ejecutando el proceso de reordenamiento laboral.
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